La Ley Sinde

Francisco Bernal

¿Qué es la Ley Sinde y como funciona?

La Ley Sinde es solo el nombre de un apartado de la Ley de Economía Sostenible.

Con esta ley, Rodríguez-Zapatero intenta enfrentar la crisis que atraviesa España actualmente. La Ley Sinde fue propuesta en mayo de 2009 y se propuso varias veces más, con el único motivo de retrasar la ley hasta que se pudiera aprobar.

Dicha Disposición Final Segunda consiste en una serie de cambios que afectan a:

• La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (más conocida como LSSI).
• La Ley de Propiedad Intelectual.
• Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (que se centra en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico).

El objetivo de modificar estas leyes es permitir que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura, tengan la potestad de cerrar páginas Web que, de acuerdo a su propio criterio, vulnere los derechos propiedad intelectual previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.

Los cambios, como se suponen, vienen propuestos por la Ministra de Cultura, Ángeles Gonzáles-Sinde, motivo por el cual se ganó el nombre de Ley Sinde.

Para que la Comisión de Propiedad Intelectual actué debe recibir una denuncia, después ellos tendrán la potestad de determinar si hay falta o no.

Los problemas de la Ley Sinde

Aunque un juez intervenga en varios puntos del proceso de actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual, es justamente ese el primer y mayor problema: la denuncia y el propio hecho de determinar si hay falta se hace por una vía administrativa (es decir, un organismo del gobierno) y no por la vía judicial (es decir, una decisión hecha en juzgado, por jueces). ¿Por qué es este el mayor problema?:

1.      Porque se vulnera un derecho y libertad fundamental en España: la libertad de expresión.

2.      Porque la actuación del juez en todo el proceso se limita al derecho de autorizar o no aquello que la comisión determinó. La ausencia judicial en el proceso no garantiza que las decisiones de la comisión sean justas.

El segundo gran problema de la Ley Sinde es su origen. En diciembre se reveló por medio de las filtraciones de Wikileaks que la Disposición Final Segunda se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de los representantes de los estudios y las discográficas, al defender a toda costa sus intereses y arrastrar los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.

El tercer gran problema de la Ley Sinde es su tremenda falta de claridad con respecto a sus límites. Gran parte de la discusión se ha centrado en la necesidad de regulaciones para algunas personas se lucren con el trabajo ajeno. El problema es que no es claro qué se penalizará y qué no.

El cuarto gran problema es la existencia de una lista negra controlada por la Comisión de la Propiedad Intelectual. En caso que los contenidos “infractores” no se encuentren dentro de España, entonces podrán pedir que el IP o el dominio en cuestión sean bloqueados.

No creo que sea necesario explicar los peligros que la lista negra de sitios y direcciones IP que no pueden ser accedidos mientras estás dentro de España esté en control de unas cuantas personas. Esto es una muralla digital China en potencia.

Las acciones, las protestas

Al conocerse la existencia de la Ley Sinde y sus intenciones por parte del Ministerio de Cultura y su ministra Ángeles González-Sinde, un gran grupo de personas nos pusimos de acuerdo y lanzamos, el 2 de diciembre de 2009, a las 9 de la mañana un Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet.

Aquel manifiesto fue publicado en miles de Web y fue leído por millones de personas. Causando un impacto real en la sociedad de entendimiento de los peligros de la aprobación de estas medidas.

Una cosa es clara: la Ley Sinde existe porque el proceso judicial español simplemente no ha dado la razón a la industria audiovisual cuando intentan demandar a personas por simplemente enlazar contenido.

¿Solución?: Saltarse por completo el proceso y entregárselo a una comisión designada por un ministerio presidido por una persona que tiene fuertes lazos con la industria.

El pasado 21 de diciembre el gobierno español intentó pasar la ley por un proceso express que al final falló.

Algunos pedimos la dimisión de la Ministra de Cultura, otros renuncian a su cargo, otros la apoyan, pero lo más importante hoy es hacerles saber a quienes nos gobiernan que no estamos de acuerdo con lo que nos están haciendo. ¿Cómo? En las urnas. Con la perdida del voto es como realmente los políticos se sienten afectados y es , por tanto, en las elecciones donde debemos actuar como sociedad responsable que somos.